El magistrado Juan Carlos Checkley se ve envuelto en el escándalo que rodea el caso de Patricia Benavides, la suspendida fiscal de la Nación. La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos ha dispuesto incluir al juez supremo de Investigación Preparatoria en la investigación preliminar que involucra a Benavides por presuntos pactos ilícitos. Estos pactos, según la Fiscalía, estaban destinados a favorecer a la hermana de Benavides, la jueza Enma Benavides.
Acusaciones de cohecho
Checkley Soria enfrenta acusaciones de haber realizado pactos irregulares con Patricia Benavides para beneficiar a su hermana, quien está siendo investigada por supuestamente favorecer penalmente a narcotraficantes a cambio de dinero.
La inclusión del juez en esta investigación destaca la complejidad del caso y la gravedad de las acusaciones que rodean a altos funcionarios judiciales.
Respuestas y consecuencias
El Ministerio Público ha formulado una recusación contra Checkley Soria, solicitando que se aparte del caso de la hermana de Patricia Benavides para garantizar la imparcialidad en el proceso.
Además, el juez se enfrenta a un proceso disciplinario en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), junto con el exfiscal supremo provisional Uriel Terán, por presunto favorecimiento a Patricia Benavides en el mismo caso.
Investigación en curso
El informe de la magistrada de la JNJ, Inés Tello, revela una red de presuntas influencias y coordinaciones entre Patricia Benavides, Checkley Soria y otros individuos relacionados con el caso.
Se señala que Benavides habría coordinado con el juez para programar la audiencia de control de sobreseimiento de su hermana en momentos estratégicos para evitar repercusiones mediáticas.
Un caso que sigue desarrollándose
El caso Benavides continúa generando repercusiones en el sistema judicial peruano, revelando presuntas prácticas corruptas y relaciones inapropiadas entre altos funcionarios. La inclusión del juez Checkley en la investigación subraya la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente para restaurar la confianza en la integridad del sistema judicial.
