La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país por 18 meses contra el presidente de la empresa Repsol, Jaime Fernández Cuesta, y otros tres funcionarios por el derrame de petróleo en Ventanilla ocurrido el último 15 de enero.
De acuerdo con el documento, presentado por el fiscal Ariel Tapia Gómez, ante la investigación preliminar, hay una posible responsabilidad de riesgos y trasgresiones del ambiente que recae en Fernández Cuesta.
El pedido alcanza también a Renzo Tejada Mackenzie, Gisela Posadas Jhong y Jose Reyes Ruiz.
“Es necesario ampliar la investigación por presuntos delitos de responsabilidad funcional; pues un desastre de las magnitudes que se ha presentado obliga investigar preliminarmente la responsabilidad de la fiscalización administrativa de la Dirección General de Capitanías de la Marina de Guerra del Perú, el Osinergmin y del OEFA”, indica.
Los supuestos delitos que recaen son delito ambiental en “modalidad de contaminación ambiental y en la figura del delito de contaminación del ambiente”, precisan.
Por otro lado, el Poder Judicial programó para este jueves a las 5 de la tarde la audiencia de evaluación del pedido.
Investigaciones
El procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, informó que el nuevo derrame en la refinería La Pampilla se incorporará en la misma carpeta de investigación criminal sobre el primer derrame. Al respecto, comentó que, de manera preliminar, se conoce que sería consecuencia de las labores de limpieza del accidente inicial.
«Al parecer -y esta es una de las líneas de investigación de este nuevo hecho- es que, producto de la limpieza del ducto se ha escapado una cantidad significativa de petróleo nuevamente. Esto vuelve a afectar las zonas que estaban de alguna u otra manera controlada a partir de la semana pasada. Creemos que es un nuevo hecho contaminante», indicó.
En entrevista con un medio nacional, el funcionario comentó que desde el aspecto administrativo ya las entidades competentes «han tomado cartas en el asunto» para determinar las sanciones por este atentado medioambiental. Agregó que este procedimiento «está encaminado» y que se respetará el debido proceso a la defensa de la empresa.
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