La Fiscalía de la Nación ha pedido al Poder Judicial que revele la información financiera de la congresista Rosio Torres, quien está siendo investigada por presuntamente reducir los salarios de su personal parlamentario, según la denuncia de Punto Final en abril del año pasado.

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La investigación, a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, se centra en la congresista Torres y su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra, quien aparentemente recibió transferencias de los afectados en el caso conocido como ‘Mochasueldos’. Se alega que la legisladora cometió el delito de concusión en perjuicio del Estado, utilizando su posición para obtener beneficios personales.

Se ha otorgado un plazo de tres días hábiles a la congresista Torres y su sobrino para presentar sus defensas ante la Fiscalía. La decisión final sobre la revelación de la información financiera será tomada por el juez a cargo del caso. La solicitud fue presentada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.

La audiencia para evaluar esta solicitud está programada para el viernes 23 de febrero a las 11:00 a.m. Este caso ha generado considerable controversia en el ámbito político y social, sumándose a otros casos de corrupción que han afectado a varios funcionarios públicos en los últimos años.

En un caso similar, la parlamentaria de Alianza para el Progreso (APP), Magaly Ruiz, está siendo investigada por el Ministerio Público por presunta concusión. La investigación se basa en la denuncia de un excolaborador que la acusa de solicitar pagos irregulares para trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia.

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El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha programado una audiencia para el jueves 29 de febrero para evaluar la revelación de las comunicaciones de la congresista Ruiz. Esta medida también se solicita para los acusados Jaime Sánchez Parra y Camila Mantilla Heredia, a quienes se les imputa el mismo delito.

La audiencia para evaluar la revelación de las comunicaciones se llevará a cabo en una sesión privada, y el magistrado Juan Carlos Checkley será el encargado de tomar la decisión final sobre esta solicitud.