El 27 de junio, el Poder Judicial examinará la solicitud de la Fiscalía para autorizar el levantamiento del secreto de las comunicaciones del legislador David Jiménez, acusado de peculado. La investigación preliminar inició después de que se descubriera que una empleada de su despacho congresal trabajaba simultáneamente en la empresa privada del parlamentario.
El pedido fue presentado el 22 de marzo por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, responsable de este caso por presunto delito contra el Estado.
La Fiscalía también solicitó al Poder Judicial que permita el acceso a las comunicaciones de Ángela Noblejas, la trabajadora del despacho de Jiménez implicada en el escándalo. Se busca obtener información de las empresas de telefonía nacional sobre el periodo específico entre el 5 y 7 de septiembre de 2023, considerado relevante para la investigación.
El juez supremo Juan Carlos Checkley programó una audiencia privada para el 27 de junio a las 2:30 p. m. con el fin de evaluar este requerimiento legal, asegurando la participación de todas las partes involucradas antes de emitir una decisión al respecto.
El caso en cuestión
Según el programa Contracorriente de Willax TV, Angela Noblejas, contratada con un salario mensual de 6,000 soles en el Congreso, aparentemente no cumplía con sus labores en el Palacio Legislativo, sino que trabajaba en el Instituto Privado Franklin Rossevelt en Lima, propiedad del propio congresista David Jiménez. En abril pasado, la Comisión de Ética Parlamentaria recomendó sancionar al legislador con una amonestación y multa debido a este incidente.
