Durante su breve gobierno, Pedro Castillo, en lugar de gobernar, inició un maquiavélico plan (ayudado por sus asesores en la sombra) para armar una especie de “ejército” representativo que sea sus ojos y odios, a la vez que respalde a su gobierno.
Y lo inició con los prefectos y subprefectos a quienes sacó y reclutó de los grupos más radicales del país. Igual estrategia intentó con los ronderos.
Hoy se sabe con certeza que llamó y nombró a 1.635 personas entre prefectos y subprefectos que demandaron un gasto al Estado de más de S/ 116 millones entre el 2021-22.
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Lo interesante de esto es que el 80% de los nombrados pertenecen a la Federación Nacional de Trabajadores (Fenate), el grupo más radical del magisterio; pero también lo conformaban varios integrantes del Movadef, la organización de fachada de SL.
Según la legislación peruana, los prefectos y subprefectos son autoridades políticas (lo ideal es que sean personas reconocidas y distinguidas de la comunidad) que deben contribuir al orden público, gobernabilidad y la paz social.
Los que nombró Castillo hacían todo lo contrario, y se les acusa de estar detrás de las protestas, bloqueos y desmanes en el sur.
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