Decía el general José de San Martín: “Robar es un delito, pero arruinar el país es traicionar a la patria”. La frase resulta precisa en este momento en que al presidente Pedro Castillo se le está acusando de ser presunto cabecilla de una organización criminal, encargada sin eufemismos, de robarle al país, es decir, a todos los peruanos.
Y tan comprometido está Castillo y sus colaboradores (con siete investigaciones en curso y una denuncia constitucional) que no solo ha generado dudas respecto a su honradez, sino algo mucho más grave: la paralización del país.
El mandatario y su consejo de ministros parece que no tienen tiempo para gobernar. Todos ellos, más su equipo de abogados están ocupados ensayando tácticas y estrategias para entorpecer a la Fiscalía y lograr impunidad a las acusaciones.
Tan atareados están en comprar congresistas, manejar los ascensos en las FF.AA. y en petardear a los fiscales que poco les interesa que en el país escasee y suba el combustible, o que el programa de vacunación se paralice; o que los proyectos mineros no logran ver la luz; mientras tanto, la inflación asoma peligrosamente.
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