La Procuraduría Ad Hoc para el “Caso Odebrecht” solicitó que el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, paguen una reparación civil -de manera solidaria- de US$1.304 millones en el marco del proceso que se les sigue por la licitación del Gasoducto Sur Peruano (GSP).
El pago, ante una eventual condena, la deberán realizar junto a otras 34 personas incluidas en el proceso por “Mejoras a la Seguridad Energética del País” y “Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”.
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Se trata de los exministros Luis Miguel Castillo Rubio (Economía), Milton Von Hesse La Serna (Vivienda), Juan Manuel Benites Ramos (Agricultura), Jorge Merino Tafur (Energía y Minas), Eleodoro Mayorga Alba (Energía y Minas), Rene Cornejo Díaz (PCM) y Carlos Paredes Rodríguez (Transportes y Comunicaciones).
Además, incluye a exfuncionarios del Comité de Pro Inversión sobre Seguridad Energética como Edgard Bartolo Ramírez Cadenillas y del Comité Especial del Desarrollo del GSP, entre otros.
Según las investigaciones, durante el gobierno de Humala Tasso se habría favorecido al Consorcio Gasoducto Sur Peruano, que era integrado por Odebrecht y Enagás, con la licitación del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” (GSP) valorizado en $7.3 millones.
El monto de la reparación civil corresponde a las retribuciones causadas por los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión agravada y lavado de activos.
Ello, según la tesis fiscal, habría sido parte del acuerdo con la empresa brasileña a cambio del presunto aporte ilícito para la campaña electoral del 2011.
El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional -a cargo del juez Leondan Cristonal Ayala- declaró fundado el pedido de la procuradora Silvana Carrión para constituirse como actor civil.
