El fiscal supremo provisional Alcides Chinchay inició diligencias por las declaraciones de Jaime Villanueva en la investigación contra la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por el por el presunto delito de organización criminal y otros.
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El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, informó que el fiscal supremo provisional Alcides Chinchay inició una investigación preliminar por ocho meses contra el periodista Gustavo Gorriti y los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez por el presunto delito de cohecho.
Rivera dijo estar “sorprendido” por esta decisión del Ministerio Público basada en las declaraciones que brindó el exasesor Jaime Villanueva ante la fiscal suprema titular Delia Espinoza en las pesquisas a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por el presunto delito de organización criminal y otros. Poco antes, Rivera Paz señaló, vía X, que la Fiscalía “está criminalizando” el periodismo de investigación y la lucha contra la corrupción.
El fiscal supremo Chinchay Castillo, a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, abrió diligencias contra los tres personajes mencionados por varios hechos: el caso cocteles, la permanencia de Rafael Vela Barba como coordinador del Equipo Especial Lava Jato y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Ministerio Público se pronuncia ante investigación
El Ministerio Público emitió un comunicado luego de que se criticara la apertura de investigación contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, así como al periodista Gustavo Gorriti, por los presuntos delitos de cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, tráfico de influencias y patrocinio ilegal. Los investigados fueron mencionados por el colaborador eficaz Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides.
El Ministerio Público que, ante información sobre un eventual delito, es deber de la Fiscalía iniciar una investigación. “Hacerlo es un deber funcional, y más bien su omisión constituye una conducta indebida”, indica el comunicado.
Asimismo, resaltó que los investigados se encuentran protegidos por el derecho de presunción de inocencia y enfatizó en que “investigar no implica criminalizar a nadie, ni siquiera al investigado. Solo un juez puede declarar delincuente a una persona”.
