Contraloría señaló presunta responsabilidad penal y administrativa de exfuncionarios de la Municipalidad de Salitral por pagos irregulares no ejecutados.
La Contraloría General, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Salitral, detectó pagos de S/ 1 459 868 por trabajos no ejecutados o superiores a lo realmente ejecutados en la obra de recuperación de la infraestructura educativa primaria N° 14663 Serrán, ubicada en el distrito de Salitral, con lo cual se afectó la finalidad pública de esta inversión ejecutada por la comuna distrital de Salitral.
Irregularidades
De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 017-2022-2-0452-AC, durante el proceso constructivo se presentaron once valorizaciones de obra, habiéndose pagado seis de ellas a favor del contratista, de las cuales se tramitaron, aprobaron y pagaron tres, pese a que estas contenían partidas con metrados y porcentajes de avance de ejecución hasta en un 100%, sin que hayan sido ejecutadas, así como metrados parciales que no reflejaban el real avance de la obra a la fecha en que fueron valorizados.
En dichas condiciones, las valorizaciones fueron aprobadas y autorizadas por el inspector y supervisor de los trabajos, así como por el entonces gerente municipal, y consecuentemente pagados al contratista.
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Responsabilidad penal y administrativa
El OCI determinó presunta responsabilidad penal de tres personas que desempeñaban cargos de gerente municipal, gerente de Desarrollo Urbano – Rural y del supervisor de obra.
Además, se identificó presunta responsabilidad administrativa sujeta a la facultad sancionadora de la Contraloría en dos de ellos y en el otro ex funcionario de confianza se halló presunta responsabilidad administrativa de entidad.
Los resultados del servicio de control posterior fueron comunicados oportunamente al titular de la entidad para que implemente las recomendaciones formuladas.
El informe también ha sido remitido al Órgano Instructor para el procesamiento de las personas comprendidas en los hechos y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para el inicio de las acciones penales contra los mismos involucrados.
Actualmente, la obra se encuentra paralizada debido a una resolución de contrato desde mayo de 2022.
Los trabajos se iniciaron en abril de 2021 y debieron concluir en un plazo de 240 días calendario.
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