La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), concluyó que la Policía Nacional del Perú (PNP) hizo un uso de la fuerza “innecesario y excesivo» durante las protestas realizadas entre el 9 y el 15 de noviembre del año pasado, contra el gobierno de Manuel Merino.
Estas conclusiones se incluyen en un informe realizado por la misión que la referida instancia de la ONU envío al país entre los días 17 y 22 de noviembre. Se indica que se ha comprobado que en diversas acciones, las fuerzas del orden no respetaron los estándares internacionales vigentes sobre derechos humanos.
En el documento se afirma que en varios casos miembros de la Policía reprimieron con similar uso de la fuerza tanto a manifestantes que incurrieron en actos de violencia como a otros que participaban pacíficamente. La misión de la ONU concluye que estos últimos eran mayoría.
En base a testimonios y a registros audiovisuales consultados, se consigna que los policías, usando escopetas con las que dispararon bombas de gas lacrimógeno y perdigones a los manifestantes, apuntándoles directamente a la cabeza o a la parte superior de sus cuerpos, y a una distancia corta.
El reporte, suscrito por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, refiere que, como resultado de las protestas, perecieron dos personas heridas con perdigones, y más de 200 quedaron heridas.
En una nota de prensa, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló que Bachelet pidió que se investiguen todas las denuncias de violación de derechos humanos. Además, destacó que el gobierno peruano haya reconocido que se cometieron abusos.
Detenciones y agresiones
El informe indica que otro incumplimiento de las normas internacionales sobre derechos humanos se dio cuando policías vestidos de civil detuvieron a manifestantes sin identificarse como agentes de la ley.
Una decena de manifestantes declararon a la misión de la ONU haber sufrido abusos físicos. Asimismo, ocho personas afirmaron haber sufrido violencia sexual y de género durante sus detenciones.
De igual manera, el informe establece que hubo detenidos a los que no se les dio acceso a abogados defensores y que fueron “presionados para firmar declaraciones autoinculpatorias». Además, en varios centros de detención no se cumplieron las medidas preventivas contra el covid-19.
En el documento se da cuenta también que hubo acciones contrarias a la libertad de expresión. Estas se dieron mediante “restricciones, amenazas y ataques a periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación”.
Puedes leer el informo completo aquí.
Vía Andina
