La Procuraduría pidió el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de Enma Benavides Vargas -hermana de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, en el marco de las investigaciones que le siguen por presuntamente haber aceptado sobornos a cambio de exculpar a detenidos por narcotráfico.

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El pedido también alcanza a María Apaza Panuera, Lorenzo Ilave García, Rafael Martínez Vargas y Carmen Arias Tello.

En la diligencia se señaló que, a criterio del fiscal supremo provisional Uriel Terán Dianderas, “no se han reunido elementos de convicción suficientes para imputar cargos en vía de acusación” contra los referidos y “no es de esperar que existan actos de investigación factibles de realizarse que puedan cambiar ese panorama”.

Asimismo, el Ministerio Público fundamentó su acusación por tráfico de influencias simulado contra Walter Máximo Mendoza, Ana Luisa Vásquez Aliaga, Roberto Gómez Herrera, Edison Ruiz Martínez, Percy Matos Sandoval Y José López Quispe.

Seá el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley, resolverá en el plazo de ley sobre el pedido de sobreseimiento planteado por el Ministerio Público en el proceso seguido a la jueza superior Enma Benavides Vargas y otros por cohecho y asociación ilícita.

Asimismo, se pronunciará sobre la solicitud de investigación suplementaria por parte de la Procuraduría Pública contra los referidos procesados, al considerar que existen elementos de convicción de la comisión de delitos en este caso.

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Patricia Benavides pide que revoquen su suspensión

Patricia Benavides presentó este lunes una acción de amparo ante el Poder Judicial, que pide dejar sin efecto la suspensión de seis meses de su condición de fiscal suprema decidida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), una medida por la que debió dejar el cargo de fiscal de la Nación.

Benavides es investigada por ser la lideresa de una presunta organización criminal dentro del Ministerio Público, que buscaba influir «ilícitamente» en el Congreso para lograr la remoción de los JNJ, la designación del actual defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez y la inhabilitación de Zoraida Ávalo, en el marco de la investigación por el caso Valquiria V.