El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que el Gobierno evalúa medidas drásticas como la aplicación de la castración química obligatoria para los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres, tal como ya se realiza en otros países del mundo.

Ante el repudiable caso de secuestro y violación sexual de una niña de tres años ocurrido en la ciudad de Chiclayo y que ha conmocionado al país, el mandatario dijo que los abusos sexuales contra menores de edad no quedarán impunes y aseguró que se fortalecerá el trabajo multisectorial para prevenirla y erradicarla.

“Basta ya de tanta violencia, los crímenes de violencia sexual contra los niños y niñas no se tolerarán en este gobierno, ni quedarán impunes. El dolor de esta familia también es el nuestro, me siento indignado ante tanta crueldad”, afirmó.

“Este hecho atroz e inhumano nos lleva a una enorme reflexión como país para adoptar políticas públicas de Estado más severas que salvaguarden los derechos humanos de los más indefensos que son nuestros niños y niñas, y la castración química es una opción, no podemos esperar más”, manifestó.

Castillo espera la aprobación del Congreso

El jefe de Estado indicó que la viabilidad de esta medida debe incluirse en el Código Penal. Además, se necesitará de la aprobación del Congreso de la República para su legalidad; tal como ya se ha hecho en países como Rusia, Estados Unidos (siete estados), Polonia, Corea del Sur, Indonesia y Moldavia, donde ya se aplica.

“Exhortamos al Congreso de la República a respaldar medidas concretas en favor de los más vulnerables, porque no podemos seguir tolerando estos violentos hechos que dañan nuestra integridad como sociedad y destruyen la vida de indefensos”, señaló.

El jefe de Estado, Pedro Castillo, espera la aprobación del Congreso.

En ese contexto, el presidente Castillo aseguró que están vigilantes del estado de salud de la menor agraviada en Chiclayo.

Para ello, se dispuso, de ser el caso, por medio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que se le traslade junto a sus padres a la ciudad de Lima. Ello, con el fin que reciba cuidados necesarios en su rehabilitación y apoyo psicológico; además de la asesoría jurídica y defensa legal gratuita que están a disposición de la familia.

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