Se presentó en el Congreso un nuevo proyecto de ley que propone modificaciones en las leyes de la carrera fiscal y de la carrera judicial, con el objetivo de establecer sanciones severas, incluida la destitución, para jueces y fiscales que liberen a presuntos criminales después de su captura.

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La iniciativa, denominada «Ley que sanciona los errores judiciales y fiscales», fue presentada por la parlamentaria de Perú Libre, Katy Ugarte. La propuesta busca introducir una nueva categoría de falta grave tanto para jueces como para fiscales, con el fin de promover investigaciones efectivas por parte del Ministerio Público y asegurar sanciones adecuadas para los delincuentes por parte del Poder Judicial.

Según el proyecto de ley, esta nueva falta grave consistiría en otorgar (en el caso de los jueces) o permitir (en el caso de los fiscales) la liberación de personas investigadas por delitos graves como terrorismo, sicariato, extorsión, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, corrupción de funcionarios, delitos ambientales, feminicidio, violación sexual u organización criminal.

Actualmente, las faltas graves están sujetas a diversas sanciones, que pueden incluir suspensiones de entre cuatro y seis meses, así como la destitución del juez o fiscal involucrado. Por lo tanto, de ser aprobada esta iniciativa, los funcionarios judiciales podrían perder sus cargos.

En caso de que se apruebe este proyecto de ley, las instancias encargadas de aplicar las sanciones serían la Junta Nacional de Justicia (o posiblemente la Escuela Nacional de la Magistratura si se aprueba la iniciativa), la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial o la Autoridad Nacional del Ministerio Público.

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Esta propuesta legislativa fue solicitada por el presidente del Poder Judicial, como se explica en la exposición de motivos presentada por la congresista de Perú Libre. El presidente del Poder Judicial ha expresado su preocupación por la liberación irregular de criminales y ha sugerido que los jueces y fiscales deben rendir cuentas por sus acciones.

Estas declaraciones se enmarcan en un contexto de creciente inseguridad ciudadana en el país, donde una encuesta de Datum reveló que el 85 % de los peruanos no confía en el Poder Judicial ni en la fiscalía, considerándolos instituciones corruptas.

Además, el presidente del Poder Judicial ha planteado la posibilidad de considerar a las organizaciones criminales como terroristas debido a su impacto en la seguridad pública. Asimismo, ha sugerido solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas para combatir la criminalidad en todo el país, tras una previa definición legislativa.