El Poder Judicial aprobó formalizar la investigación preparatoria en contra de María Cordero Jon Tay por el presunto recorte de sueldos.
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¿Qué sucedió?
El pasado 22 de marzo, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, formalizó las pesquisas contra María Cordero Jon Tay. La acusación se centra en la presunta obligación por parte de la congresista a un trabajador de su despacho congresal de entregar el 50% de sus haberes entre los meses de marzo y agosto del 2022, lo que constituiría el delito de concusión en agravio del Estado.
¿Quién tomó la decisión?
El juez supremo Juan Carlos Checkley, en respuesta a la comunicación del fiscal de la Nación, adoptó la medida de iniciar la investigación preparatoria. Esta decisión del Poder Judicial establece un plazo de 120 días para llevar a cabo una serie de diligencias destinadas a esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de María Cordero Jon Tay en este caso.
¿Qué implicaciones tiene?
La formalización de esta investigación no solo implica un paso significativo en el proceso judicial, sino que también establece un marco para la actuación de la Procuraduría General del Estado y la defensa legal de la suspendida legisladora. Ambas partes han sido notificadas para los fines pertinentes, lo que marca el inicio de un proceso legal riguroso y transparente.
Congresista suspendida
El Congreso de la República tomó medidas firmes ante las acusaciones contra María Cordero Jon Tay. En una sesión celebrada el 14 de marzo, se aprobó la suspensión de la legisladora y se levantó su inmunidad parlamentaria para que pueda enfrentar las acusaciones a nivel judicial.
¿Cuál fue la decisión del Congreso?
La suspensión de María Cordero Jon Tay se mantendrá durante el tiempo que duren las investigaciones. Se le imputa el presunto recorte de un total de 80,000 soles a uno de sus trabajadores, en un caso que ha sido denominado «mochasalarios». Sin embargo, el pleno del Congreso rechazó la propuesta de inhabilitar a la congresista por 10 años del ejercicio de la función pública.
