¡Vuelve! La Fiscalía de la Nación tomó la decisión de reponer al fiscal Rafael Vela Barba como coordinador del Equipo Especial Lava Jato y de las Fiscalías de Lavado de Activos. Esta medida se toma luego de una semana que la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL) le concediera una medida cautelar contra la suspensión que lo apartó de sus cargos en el Ministerio Público desde octubre de 2023.
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«Considerando lo resuelto por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, corresponde expedir el acto resolutivo que disponga designar al magistrado Rafael Ernesto Vela Barba, en los cargos que ocupaba antes de la imposición de la medida disciplinaria de suspensión, para lo cual se deberá concluir las encargaturas de los Despachos respectivos», dice la resolución publicada este miércoles en el diario oficial El Peruano.
Como se recuerda, el pasado 5 de octubre del 2023, se ordenó la suspensión de Rafael Vela en el cargo de fiscal superior titular por 8 meses y 15 días, sin goce de haber, por supuestamente incurrir en dos infracciones muy graves durante el ejercicio de sus funciones. Esto por los cuestionamientos que hizo en la prensa hace más de tres años a los jueces de la sala superior que ordenó la excarcelación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el caso Odebrecht.
La sanción originó que el doctor Vela Barba deje la Coordinación de las Fiscalías para Casos de Lavado de Activos y del Equipo Especial de la Fiscalía para los Casos Odebrecht y Lava Jato.
Rafael Vela con medida provisional
A mediados del mes pasado, la Primera Sala Constitucional de la Corte de Lima concedió a Vela Barba la medida cautelar que solicitó tras ser suspendido por el fiscal Antonio Fernández Jerí, de la Autoridad Nacional de Control y con ello ordenó su reposición en sus cargos en el Ministerio Público. La medida es de carácter provisional y regirá hasta que se resuelva el proceso de amparo que el fiscal interpuso contra la Autoridad Nacional de Control.
En su solicitud de medida cautelar, Vela Barba, denunció que la sanción en su contra vulneraba sus derechos fundamentales «a la imparcialidad de los órganos decisores, a ser oído, a la defensa […] al ejercicio pleno de la función pública, a la independencia en el ejercicio del cargo de representante del Ministerio Público y al trabajo, a la debida motivación, a la prohibición de múltiple incriminación y a la libertad de expresión ya la crítica de las resoluciones judiciales».