Salatiel Marrufo, colaborador eficaz en un caso judicial de alto perfil, ha acusado a Dina Boluarte de orquestar una influencia indebida sobre al menos dos magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante las elecciones presidenciales de 2021 en Perú. Según el reportaje emitido por el dominical Punto Final, Marrufo declaró ante la Fiscalía que Boluarte coordinó con José Nenil Medina y Alejandro Sánchez para asegurar el voto de los magistrados Jorge Rodríguez Vélez y Jovián Sanjinez Salazar, con el objetivo de bloquear las impugnaciones presentadas por Keiko Fujimori de Fuerza Popular.
Las acusaciones de Marrufo detallan reuniones clandestinas en viviendas de Breña, algunas con la presencia del entonces candidato Pedro Castillo, donde se discutieron estrategias para influir en el JNE. Según el colaborador, estas coordinaciones comenzaron apenas un día después de la segunda vuelta electoral, enfocadas en asegurar que el JNE desestimara las impugnaciones que podrían haber revertido la estrecha diferencia de votos entre Castillo y Fujimori.
El momento crucial llegó el 11 de junio de 2021, fecha límite para las impugnaciones, cuando el JNE primero anunció una extensión del plazo y luego revocó esta decisión, manteniendo el 9 de junio como fecha límite. Marrufo afirma que esto se debió a intervenciones directas de Boluarte y sus colaboradores, quienes aseguraron tener influencia sobre los magistrados clave del JNE.
El colaborador eficaz proporcionó detalles específicos sobre las instrucciones de Boluarte, que incluían no solo evitar la ampliación del plazo para las impugnaciones, sino también asegurar que estas fueran declaradas infundadas. Estas directivas, según Marrufo, fueron transmitidas de manera directa y sin ambigüedades por parte de Boluarte, subrayando la seriedad y el alcance de la supuesta interferencia en el proceso electoral.
Las implicaciones de estas acusaciones son significativas no solo para el proceso judicial en curso, sino también para la legitimidad de las elecciones de 2021 en Perú. Si las afirmaciones de Marrufo se corroboran, podrían poner en entredicho la imparcialidad y la integridad del JNE, así como la conducta ética de los actores políticos involucrados, incluido Pedro Castillo, quien según el testimonio estuvo presente en algunas de las reuniones mencionadas.
Hasta el momento, tanto el JNE como los magistrados mencionados han negado cualquier irregularidad o relación con los acusados. Jorge Salas Arenas, presidente del JNE, se ha declarado incapacitado para comentar debido a problemas de salud, mientras que otros mencionados, como Richard Acuña, han negado cualquier participación o conocimiento de los hechos descritos por Marrufo.
En términos legales, la Fiscalía ha iniciado un proceso de corroboración de las declaraciones de Marrufo, solicitando testimonios adicionales de diversas figuras clave mencionadas en el reportaje. Esto incluye a José Nenil Medina, Alejandro Sánchez y otros políticos vinculados, cuyas declaraciones podrían arrojar luz sobre la veracidad de las acusaciones.
En resumen, las acusaciones de Salatiel Marrufo plantean interrogantes cruciales sobre la integridad del proceso electoral peruano de 2021 y la conducta ética de los líderes políticos y judiciales involucrados. La investigación en curso buscará determinar si hubo o no manipulación indebida por parte de Dina Boluarte y sus asociados, un tema que sigue generando controversia y debate en la esfera pública peruana.