Congresistas de diferentes bancadas han presentado seis proyectos que proponen juicio político para las autoridades de la ONPE, Reniec y JNE. Especialistas analizan las implicancias de estas propuestas.

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En lo que va del 2023, son seis los proyectos de ley que se encuentran en la Comisión de Constitución del Congreso a la espera de ser aprobados y tienen un objetivo en común: modificar el artículo 99 de la Constitución Política del Perú.

El artículo 99 está referido a los funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político, es decir, ser sancionados por el Pleno del Congreso si este considera que pudieron incurrir en delitos en el ejercicio de sus funciones, una sanción que puede permanecer hasta cinco años después de que la autoridad cuestionada haya dejado el cargo. 

El ejemplo más reciente sobre este aspecto es el caso de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a quien el Congreso, el 21 de junio, aprobó inhabilitarla para ejercer todo cargo público por cinco años, por haber suspendido, en enero del 2022, las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo. 

Pero el artículo 99 tiene una particularidad, menciona de manera específica a los únicos funcionarios que pueden ser sujetos de sanción: el Presidente de la República, los representantes al Congreso, los Ministros de Estado, los miembros del Tribunal Constitucional, los del Consejo Nacional de la Magistratura, los vocales de la Corte Suprema, los fiscales supremos (como Zoraida Ávalos), el Defensor del Pueblo y el Contralor General. 

Y es aquí donde los proyectos de ley mencionados entran a tallar.