El empresario inmobiliario y de seguridad Zamir Villaverde busca convertirse en el nuevo colaborador eficaz en el caso Sarratea, que investiga presuntos actos de corrupción en Provías Descentralizado.

De acuerdo con fuentes de la administración de justicia, entre el 7 y el 9 de abril, previo a que la fiscal Karla Zecenarro sustentara ante el Poder Judicial el pedido de 36 meses de prisión preventiva, los abogados de Villaverde informaron que el empresario quería acogerse a colaboración eficaz.

Pero pretendían que la Fiscalía retire el pedido de prisión preventiva en su contra. Villaverde, habrían dicho, aportaría información sobre los negociados en las licitaciones de obras públicas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Como es habitual en estos casos, la fiscal respondió que el investigado debía tener claro que acogerse a la colaboración eficaz implica un reconocimiento de responsabilidad en uno o más delitos y a partir de la información entregada se le podría otorgar beneficios legales. Después, no antes.

La fiscal continuó con su requerimiento. De acuerdo con los elementos recogidos por la fiscal Zecenarro, entre agosto y noviembre del 2021, en el MTC habría operado una organización ilícita que direccionaba los concursos a determinadas empresas.

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En ese esquema de corrupción, Villaverde es un eslabón importante. Supuestamente, contando con el aval de Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, Villaverde ofreció a un grupo de empresarios favorecerlos en diversas licitaciones.

Así, el 13 de abril, el juez Manuel Chuyo impuso a Bruno Pacheco, Zamir Villaverde, Luis Pasapera, los sobrinos del presidente y dos funcionarios de Provías Descentralizado los 36 meses de prisión preventiva que solicitó la Fiscalía.

Los investigados apelaron y la defensa de Villaverde insistió en su ofrecimiento de ser colaborador eficaz condicionado a desistir de la prisión preventiva.

En el sistema anticorrupción, un grupo de fiscales considera que cualquier beneficio penal debe ser posterior a la corroboración de la información. Antes no, pues eso condiciona toda la investigación. Se corre el riesgo, de que sea el aspirante el que termina teniendo el control del proceso, según sus propios intereses.

Se confirma la prisión

El fiscal superior Juan Manuel Fernández reiteró el pedido de prisión preventiva y, el 11 de mayo, la Sala de Apelaciones confirmó, en parte, la decisión del juzgado. Gian Marco Castillo quedó en libertad y se redujo la prisión preventiva a 24 meses, para el resto.

De acuerdo con fuentes judiciales, Villaverde se siente traicionado. Cree que en la libertad del sobrino del presidente ha intervenido el Gobierno y lo han abandonado.

Por esto, Villaverde decidió hacer una declaración pública aprovechando la audiencia en la Comisión de Fiscalización del Congreso. Villaverde buscaría aparecer como el gran financista de la campaña electoral y como tal haber conocido y otorgado dinero para los contactos del candidato, supuestamente, con el Jurado Nacional de Elecciones.

Además de empresario, Zamir Villaverde es abogado. Pero su experiencia está en el sistema penal, en los juicios por delitos comunes, no en el sistema electoral. En su desconocimiento apuntó al JNE, cuando el sistema electoral está dividido en tres instituciones que coordinan y se complementan, pero que son independientes.

Otro aspecto que Villaverde no ha tenido en cuenta es que todas las encuestas de primera vuelta coinciden con los resultados oficiales. Pedro Castillo obtuvo el primer lugar con 18,1 por ciento.

Un fraude en primera vuelta o segunda vuelta habría tenido que incluir a las encuestadores, como sucedió el año 2000. Pero el 2021, las encuestas de opinión pública mostraron el mismo resultado que dio la ONPE.

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