Gracias al trabajo ininterrumpido de los agricultores durante los meses más críticos de la pandemia, a los peruanos no nos faltó un plato servido en la mesa, seguimos encontrando qué comprar en las bodegas, mercados y supermercados; y con menos burocracia, menos corrupción, promoviendo cadenas productivas y pagando precios justos por los productos, e impulsando una verdadera regionalización del país, bien podríamos llegar a ser un Perú agroexportador de primer nivel.
Todos esto gracias a los agricultores. Y no solo eso, además de procurarnos alimentación, el agro genera 10 millones de empleos en el país y propicia el cuidado del medioambiente. A pesar de todos estos beneficios, los diversos gobiernos, el Estado y los ciudadanos consumidores, llevamos décadas fallándoles a los agricultores que, cansados de los bajos salarios y la falta de estabilidad laboral, por citar algunas de sus numerosas demandas, han salido a protestar logrando, el viernes, la derogatoria de la cuestionada Ley de Promoción Agraria, lamentablemente después de un saldo trágico.
Si bien la medida motivó el desbloqueo de carreteras en Ica y en el norte, la solución no es la derogación en sí, sino la viabilidad de la nueva ley que deberá reemplazar a la tan cuestionada.
La pregunta es si este Congreso tiene o no la idoneidad para producir una norma producto del consenso que beneficie a todas las partes, reivindicando derechos laborales sin propiciar un incremento de la informalidad laboral, ni atentar contra la seguridad alimentraria interna, menos trabar las agropexportaciones. A no ser que una vez más los grupos desestabilizadores opten por precipitarse a dar una ley con harta carga populista pero técnicamente inviable.
Es decir, si las protestas de los últimos días han tenido como objetivo no solo lograr reivindicaciones, sino desestabilizar al Gobierno, como el propio presidente teme al igual que un gran porcentaje de la población, ¿en los próximos días verá la luz otra cantinflada congresal?
Ojalá no sea este el escenario, pero si lo fuera, lo menos que deberá hacer el presidente Francisco Sagasti es ceder a nuevas presiones de quienes aparentemente cuentan con cierta pasividad del Ejecutivo.