La pandemia de COVID-19 ha expuesto las múltiples falencias del sistema previsional peruano: informalidad laboral, falta de disciplina en los aportes y una notoria desatención del Estado.

Además, si consideramos que la mitad de adultos mayores en el país no llegaron a realizar aportes por un mínimo de diez años, pese a que su ciclo laboral fue mucho más largo, surge la pregunta: ¿cómo asegurar una cobertura justa para todos? En el Perú, la población económicamente activa (PEA) asciende a 17 millones, pero solo un 40 % trabaja de manera formal.

El 60 % restante no realiza ningún aporte y, por consiguiente, no accederá a ninguna pensión durante su vejez. En ambos casos, el problema radica en la densidad de cotización, es decir, la capacidad del trabajador de aportar todos los meses el monto correspondiente.

Debido al contexto laboral del país, existen casos de trabajadores que inician de manera formal; luego, quedan desempleados y pasan a trabajar en el sector informal, o viceversa. Una vez que regresan a la formalidad, retoman sus aportes, pero la futura pensión que recibirán ya fue irremediablemente afectada por todo el tiempo que se mantuvo desempleado y mientras laboraba de modo informal.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) exige un mínimo de diez años de aportes para recibir una pensión. Según la cantidad de años, esta pensión puede ascender hasta un máximo de 800 soles. En el ámbito privado, los descuentos de julio y diciembre afectarán la pensión de los afiliados en casi dos sétimas partes. Por ejemplo, si antes su pensión proyectada era de 1000 soles, ahora recibirían solo 700 soles.

Si no se logra vencer la informalidad en el país, que abarca el 70 % de la economía, es difícil pensar o soñar con un sistema previsional que realmente funcione.

La salida planteada por el Congreso, respecto a la ONP, resulta insostenible, ya que se habla de un fondo que, en la práctica, no existe. No se trata de dinero guardado en alguna bóveda, sino que se encuentra en constante circulación.

Los aportantes activos financian a los cesantes y, así, la rueda sigue girando. Es importante que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) mantenga la emisión de bonos universales.

Además, debería considerarse la opción de subsidiar los servicios de energía, agua, salud, telefonía e, incluso, acceso a internet para las familias de los estratos más vulnerables. Estos costos podrían ser asumidos por el Estado, a partir de un determinado mes.

Pensión 65 es una buena iniciativa, pero el sistema para identificar a las personas que lo necesiten no es muy eficaz y los montos otorgados son muy pequeños.

Desde mi perspectiva, en un futuro cercano, podría implementarse una AFP estatal que pudiese competir con las privadas, con un mejor servicio y más bienestar para el afiliado.