Existen 13 proyectos de ley que proponen que los Gobiernos Regionales y la empresa privada puedan adquirir vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, ninguno de los dos sectores ofrecen confianza al respecto y creemos que el Estado debe optimizar el proceso de vacunación, pero no delegarlo a otras entidades, sean públicas o privadas.

Si hablamos del papel de los Gobiernos Regionales, darles la posibilidad de comprar la vacuna equivaldría a fomentar conductas deshonrosas; estamos en un año electoral y la vacuna podría ser usada como se usan los llaveros, los táperes, los plátanos, la ivermectina, etc. Politiquería, festín de inyecciones, repartija indolente y desordenada, tráfico a cambio de conciencias y votos, posibilidad de corrupción. En el Gobierno central esto ya ocurrió (caso Vacunagate). ¿Se imagina el mismo problema multiplicado por veintiséis?

Si el Gobierno de Francisco Sagasti y el que sea elegido en abril retienen la facultad de organizar y desarrollar el plan de vacunación, el control será mucho más sencillo, menos burocratizado y con posibilidades de ser más transparentes. Los Gobiernos Regionales, por otro lado, no están en condiciones de asumir nuevas responsabilidades cuando no han sabido cumplir cabalmente con sus mínimas obligaciones.

La participación del sector privado en la vacunación trae consigo un problema ético: ¿es la salud un artículo con el que se puede lucrar? Sí, los laboratorios entregan las vacunas a cambio de dinero, no son gratis ni se regalan por pura humanidad, pero es posible entender que el precio es un símbolo de la inversión puesta en desarrollar las dosis, así como del trabajo científico que las hace posibles. ¿Tienen los empresarios nacionales justificación para alargar la cadena de lucro? No.

En estos momentos, es necesario que el sector público confirme que la salud es un derecho fundamental y universal. Ponerle una etiqueta de precio a la posibilidad de protegerse de manera eficaz contra el coronavirus sería limitar esta facultad a quienes puedan pagar, profundizaría la desigualdad ya existente y crecería peligrosamente la inestabilidad social. No puede haber salud de ricos y salud de carenciados. La salud, insistimos, es el derecho de todas las personas sin excepción.