El 29 de noviembre, tras un intenso debate, el Congreso aprobó el presupuesto público para el 2021. Según la Constitución, el Ejecutivo presenta y sustenta el presupuesto ante el Congreso, que luego recomienda algunos cambios y debate su aprobación. De esta manera, se establece un equilibrio de poder entre quien propone y quien acepta. Cosa que se temía que no sucedería con Merino al poder.
La única excepción se da con el anexo 5, según el cual los congresistas pueden solicitar que se priorice algún otro proyecto. Así, este anexo representa el centro de las negociaciones y discrepancias entre Congreso y Ejecutivo.
De por sí, que los congresistas recomienden incluir proyectos no es malo, si ello permite priorizar alguna obra necesaria de sus regiones. Sin embargo, muchas de las propuestas ni siquiera contaban con sustento técnico.
Pero, ¿por qué es malo gastar más? Porque el gasto público debe ser sostenible en el tiempo. Para que ello suceda, la política fiscal debe ser contracíclica; es decir, se debe gastar menos cuando la economía entra en bonanza, ahorrando para los momentos duros. A la par, el nivel de deuda pública debe encontrarse en un rango en el cual debe ser creíble su cumplimiento.
En los años anteriores, el Perú ha seguido esta receta. Gracias a ello, ha podido afrontar esta crisis con recursos e incluso con credibilidad para emitir más deuda pública.
De hecho, la semana pasada se convirtió en el segundo país latinoamericano en emitir deuda a 100 años. Si bien se podían discutir otras opciones de emisión, este evento es un reconocimiento al manejo macroeconómico de los últimos años.
Lamentablemente, ello no implicó un uso eficiente de los recursos. La pandemia ha expuesto la poca inversión de los últimos años en Salud, Educación y otros sectores. Nadie puede negar que es urgente un cambio en el modo en el que se distribuyen y gastan estos recursos.
Pero, el camino no es gastar por gastar, como algunos congresistas pretenden. Vale la pena recordar que sus funciones no incluyen la iniciativa de gasto. Entonces, si en estos meses un candidato al Congreso promete que impulsará una obra en específico, lo mejor que podría hacer es dejar de escucharlo. En cambio, debería recomendarle que postule a la alcaldía o al Gobierno Regional. La estabilidad fiscal es algo que no debemos poner en riesgo.
Por último, un dato: Humberto Acuña Peralta, quien dirigía la negociación de parte del Congreso, cuenta con una condena en segunda instancia del Poder Judicial. Cosas de nuestra política.