Parece que quienes asumen un cargo público no distinguen entre los bienes propios y públicos. Ocurre en los gobiernos locales, regionales y en el propio gobierno de Pedro Castillo, cuyos inquilinos –aún si han sido elegidos por voto popular-, piensan que son dueños de bienes y patrimonio de la institución, haciendo uso de vehículos oficiales (pagados por todos los peruanos) para campañas proselitistas; utilizar los ambientes para reuniones partidaristas; pellizcar el presupuesto y hasta repartir puestos como premio a familiares, amigos y socios con títulos de empresarios de construcción.
En Piura hay comentarios y denuncias públicas del uso de vehículos, ambientes y hasta el personal de las instituciones públicas para motivar y apuntalar campañas políticas de socios que puedan tomar la posta del Gore y algunas alcaldías, sin hacer luego mayores investigaciones ni cuestionamientos a la gestión que se va.
En Palacio de Gobierno ocurre lo mismo, pero además se matiza con el ‘clientelismo’; entregar beneficios legales y rentistas a grupos, organizaciones o sindicatos para asegurar lealtad y defender al régimen en apuros, como lo define Jaime de Althaus.
