Aunque las alertas sobre la crisis de los fertilizantes que se venía fueron encendidas desde el año pasado por los agricultores, recién esta semana -el pasado jueves 19 de mayo- el Gobierno autorizó la compra de un primer lote de estos insumos nitrogenados del exterior.
La decisión plasmada mediante Decreto de Urgencia 013-2022, si bien es una de las pocas buenas decisiones del Ejecutivo, no es la solución. Primero porque solo se comprará un lote de 348 milones y no los S/950 millones presupuestados inicialmente; segundo, el Gobierno, concretamente Agrorural (la entidad que los distribuirá) carece de experienia en este tipo de actividades, a diferencia del sector privado. Además no hace falta ser un experto para deducir que, el presidente Castillo cada vez más obsesionado con el autobombo y los aplausos, no desaprovechará la ocasión para politizar un tema de vital importancia, lo que no garantiza que la urea llegue a donde realmente se necesita.
Lo preocupante del caso es que, a pesar de la grave amenaza que significa la crisis alimentaria para el país en los siguientes meses, el profe parece no enterarse o no querer hacerlo, pues, insiste en mantener en el cargo a su inexperto ministro de Agricultura, Oscar Zea, a pesar que no da fuego. El Midagri sigue reaccionando tardíamente, ignorando que la luz de peligro en el sector lleva ya buen tiempo encendida: De no mitigarse la crisis de los fertilizantes, se pondría en riesgo alimentario a 15,5 millones de peruanos.
Los precios de los alimentos seguirán subiendo a nivel mundial porque los países exportadores ya están aplicando restricciones, están vendiendo menos. En opinión de la exministra Carolina Trivelli, consultada por El Tiempo para esta edición, debido a este complicado panorama exterior y si el Gobierno persiste en no apoyar eficientemente a la agricultura familiar, que produce el 57% de los propuctos para el consumo interno, el país podría enfrentar no solo alza de precios sino también escasez de alimentos.
Según la especialista, 51% de perunos, es decir, uno de cada dos compatriotas, podría ver afectada su seguridad alimentraria en los próximos meses, si persisten los factores internacionales y el Gobierno no se toma en serio su deber de garantizar la seguridad alimentraria.
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