Todos tenemos derecho al trabajo, siempre y cuando este beneficie a la comunidad. Cuando el derecho afecta a los demás ya se convierte en un problema. Las instituciones públicas, a lo largo de los años, se han llenado de trabajadores a tal punto que más de la mitad del presupuesto se va en el pago de planillas. La gran cantidad de personal en instituciones como las municipalidades y el Gobierno Regional no se refleja en la calidad de los servicios que ofrecen. Ello, porque cada autoridad deja a sus allegados atornillados en los puestos, sin que estén calificados para ello.

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La gestión del ex gobernador Servando García ha permitido que 200 personas regresen al Gobierno Regional con sueldos que bordean los cuatro mil soles. Basta caminar por los pasillos de la institución para ver las oficinas atiborradas de gente. Ha sido necesario sacar de la sede regional direcciones como Energía y Minas para dar cabida a tanta gente. Lo que hasta hace unos años eran áreas libres, hoy son oficinas.

En las municipalidades pasa lo mismo. Algunas, hasta alquilan locales para alojar a tanto personal administrativo, que como decíamos líneas arriba, poco hace, porque las ciudades siguen sucias, los trámites son engorrosos y la gente no ve los resultados del trabajo que cada uno de los contribuyentes paga.  

Los jueces también están haciendo su parte para incrementar la carga burocrática. Conceden las medidas cautelares que permiten la reposición de los trabajadores y los procuradores municipales o regionales no se toman el trabajo de apelar estas decisiones y defender los derechos de todos. 

Pero, quienes mayor responsabilidad tienen son los gerentes generales y gerentes de administración de cada gestión que van dejando que los trabajadores ganen derechos. Todo el personal que llega de la mano con una nueva gestión sabe que su trabajo será temporal, pero convenientemente los gerentes de Recursos Humanos se van olvidando de cortar contratos a los once meses. Permiten adendas y le van dejando al trabajador el camino libre para alcanzar derechos que perjudican la economía de la institución.