Luego de varios meses de investigaciones, la fiscal de la Nación Patricia Benavides presentó la esperada denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión.
El Ministerio Público llegó a esta decisión crucial para el futuro del país -según la fiscal- al haber hallado “indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”.
Es la primera vez en la historia que un primer mandatario peruano es investigado penalmente en funciones, y que afronta un pedido de acusación constitucional. Pero más allá del efecto mediático de que la máxima representante de la Fiscalía de la Nación se refiera en conferencia de prensa al presidente de la República como alguien que lidera una organización criminal, es incierto el eco que tendrá la denuncia en el Congreso.
A decir de los especialistas lo que ayer hizo Benavides es comunicarle al Parlamento que no puede esperar más y que para continuar con las investigaciones, su institución necesita una autorización parlamentaria. ¿Procede formular una denuncia constitucional?
Para muchos, la respuesta es no. Al tratarse del presidente de la República solo puede ser acusado por traición a la Patria, disolución ilegal del Congreso, impedir las elecciones o impedir el trabajo de la ONPE y el JNE. Ninguna de estas causales se puede atribuir a Castillo.
Sin embargo, la existencia de indicios y pruebas de los delitos que sí están contenidos en la denuncia presentada, sumados a la presión ciudadana, bien podrían hacer que el Congreso se vea obligado a activar una vez más la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, debiendo “romper” el muro infranqueable hasta ahora de los 44 congresistas que blindan a Castillo.
Como era previsible, la respuesta de Castillo fue victimizarse secundado por su premier. Anoche, después de impedir el acceso de la prensa nacional, el Gobierno “democrático” dio una conferencia solo para la prensa extranjera con la clara intención de proyectar ante la comunidad internacional la imagen de un presidente víctima.
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