Un vergonzoso tercer lugar en corrupción ocupa Piura a nivel nacional, según Contraloría de la República, lo que nos obliga a reflexionar sobre lo que nos toca hacer como sociedad para poner freno a este daño moral que amenaza con llevarnos al caos, más aún cuando a ninguna autoridad parece importarle. 

En cualquier país democrático, un resultado así sería motivo de escándalo nacional y daría origen a destituciones, rodarían cabezas de los encargados de cautelar los recursos públicos; sin embargo, en Piura y en el país tal parece que sigue vigente el infeliz razonamiento de “roba pero hace obra”.

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De acuerdo a un estudio presentado ayer por Proética, un 88 % de piuranos cree que la corrupción le afecta en su vida diaria, que le resta oportunidades y deteriora la institucionalidad. La gran pregunta es: ¿por qué entonces la seguimos tolerando? Si, tal como revela Contraloría, el perjuicio causado por la corrupción el año 2022 en Piura es de mil 337 millones, ¿cómo es que los ciudadanos seguimos indiferentes, aún sabiendo que con ese dinero deberíamos tener hospitales, centros de salud, carreteras obras de prevención, colegios, en fin diversas obras que nos permitirían ejercer derechos básicos?

La pregunta es: ¿cómo blindarnos de la corrupción? La respuesta clave es mediante una real participación ciudadana, teniendo un papel más activo frente a este flagelo. La representante de Vigilia Ciudadana, Mela salazar, propone, por ejemplo, que los ciudadanos exijan que los procesos de adjudicación de obras públicas sean abiertos y cuenten con participación de la sociedad civil.

En lugar de perder el tiempo petardeando las instituciones y la libertad de prensa, mediante leyes populistas, los mal llamados padres de la Patria deberían promover leyes para impedir que los procesos de adjudicación sigan siendo cerrados y que -por el contrario- se transparenten incluyendo un representante ciudadano de la jurisdicción donde se va a ejecutar una obra.

Vigilia también propone utilizar la tecnología a favor, a través de códigos QR, para acceder a los documentos de adjudicación. ¿Por qué no legislar para que los monitores o veedores ciudadanos sean incluidos en los comités de adjudicación?