Hoy el problema se ha multiplicado a niveles alarmantes, tanto que cada vez son más los reclamos y pronunciamientos de parte de dirigentes vecinales, colectivos e instituciones, coincidiendo en que si no queremos que la inseguridad se desborde, es urgente reforzar la capacidad operativa de la Policía con más efectivos, fortalecer comisarías y comprar más patrulleros, pero hasta ahora no se oye padre.

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En efecto, además de las lluvias extremas y la constantes amenaza de desborde, pistas destrozadas, colapso de desagües, imparables infecciones por dengue y leptospirosis, entre otros males y problemas graves; los piuranos deben lidiar por estos días con el innegable incremento de la inseguridad y criminalidad que se aprovecha descaradamente del debilitamiento de la capacidad de respuesta de la Policía.

Es comprensible que la principal atención de las autoridades esté puesta en atender la emergencia por la crisis climática; sin embargo, a la delincuencia no le interesa para nada las emergencias sanitarias, las lluvias o las enfermedades que asolan a los piuranos. Esta no da tregua y a pesar del grave problema de inseguridad el Mininter se ha hecho el desentendido y en lugar de incrementar efectivos nos los está quitando.

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Para la población piurana fue un desprecio e insulto a la inteligencia que en su reciente visita a Sullana el ministro Vicente Romero intentó poner paños fríos a la imparable inseguridad, crímenes por sicariato y extorsión, diciendo que “ha ordenado que los policías cambien de estrategia”.

Parece que el no entiende que con retórica no se va a contener al crimen organizado. Tal como lo señala Defensoría en su último informe, el Ejecutivo debe atender una urgente necesidad, enviar más personal policial a la región Piura, porque los aproximadamente 4000 efectivos con que cuenta son insuficientes para una población de 2 millones de habitantes.

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No solo eso, es impostergable reforzar el patrullaje adquiriendo más patrulleros para la región, por eso defensoría solicita al GORE y municipalidades elaborar proyectos públicos que permita dotar de vehículos a las más de 80 comisarías de la región.