Seríamos ciegos si dijéramos que las protestas, las muertes y los bloqueos de carreteras no han mellado la imagen de Dina Boluarte, cuya gestión es rechazada por el 71% de todos los peruanos.

No podemos ser indiferentes al hecho de que a este alzamiento -primero en el sur y ahora también en La Libertad- se lo ha tratado de sofocar de la manera equivocada, mientras los fallecidos son parte de ese absurdo martirologio que fomenta la violencia vistiéndola de sacrosanta verdad.

Por supuesto que no compartimos la hipótesis de los radicales que equiparan a la Policía con una institución genocida; también les damos la razón en lo referente al núcleo de todos los reclamos: la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto inmediato de elecciones.

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Creemos que la Policía ha actuado como mejor ha podido en aras de la institucionalidad, pero la legitimidad de esta lucha se va junto con el aliento de los cerca de 50 muertos. Las autoridades del Ministerio Público han debido actuar desde el primer momento en el esclarecimiento de estas bajas, y no parecer que han sido llevados a rastras por la opinión pública a cumplir una tarea que no querían hacer. El esclarecimiento oportuno de los episodios de violencia es un alivio para los manifestantes, es un gesto de buena fe que podría servir para conversar.

Pero las carreteras del norte empiezan a ser tomadas. El Gobierno tiene que actuar pronto, Dina Boluarte debe evitar que sus ministros cierren las puertas al consenso, a pesar de que los esfuerzos de Otárola y compañía solo buscan confirmar el principio de autoridad sobre el que cualquier diálogo será bienvenido. Lo entendemos, pero creemos que hacer menos hincapié en las investiduras hará más fraterno cualquier acercamiento. Hay en marcha un proyecto divisionista y tenemos que bloquearlo con un discurso fraternal y firme.

Esperemos pronto tener mejores noticias, que pronto sea el inicio de una nueva etapa en la vida nacional en la que nuestra idea del crecimiento sea mucho más amplia para poder convocar a todos los peruanos en un solo proyecto de desarrollo armónico. El primer paso lo debe dar el Gobierno, con las investigaciones acerca de los fallecidos, con su política de diálogo fraterno y con el apoyo de todos los sectores políticos y económicos para ensayar un plan de reconstrucción urgente.

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