Con toda la amarga experiencia política del 2020, nuestra ciudadanía se prepara para las elecciones generales de abril. Las circunstancias nos obligan a ser sumamente prudentes al momento de elegir.

Sin embargo, ¿basta solo la prudencia? ¿Un mal gobierno es necesariamente culpa de “malos” electores? ¿Acaso la inexistencia de controles que impidan la postulación de personas cuestionables a los más altos cargos no es una responsabilidad política por la que debe responder el Estado?

En otras palabras, también se debe reconocer que si el sistema político no cierra todas las puertas y ventanas a la corrupción y al delito, tampoco puede cargar en los lomos de la ciudadanía la culpa por el accidentado devenir político y social. El Tiempo ha consultado a especialistas acerca de este tema, que nos han dicho que las exigencias del Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, tienen límites que impiden tener, por así decirlo, candidatos “químicamente puros”, impolutos, inmaculados. En realidad, los peruanos -y los piuranos en particular- no pedimos sino honradez, un requisito imprescindible para quien pretende dirigir los destinos de la nación, convertirse en cabeza suprema del Ejército, marcar el rumbo social y económico de la patria. No es demasiado lo que se exige teniendo en cuenta la magni tud de la obra que se le quiere encargar: la representación de la soberanía.

¿Es posible adecentar la política? Sí, con prevención, con medidas que, aunque parezcan reducir la democracia, en realidad la garantizan. La ley está por encima de cualquier capricho y hace viable la vida en sociedad. El sentido común que inspira a las leyes se eleva sobre las estadísticas, incluso.

Necesitamos una urgente limpieza en los partidos políticos, en las oficinas del Gobierno, en el Congreso, en los entes autónomos, en los clubes, en las escuelas. Aquí y allá necesitamos limpiar el Perú. No podemos recomenzar el proyecto de este hogar nacional con personas que quizás no entienden la diferencia entre el bien y el mal, o quizás sí pero eligen proceder en contra de la ley porque creen que era lo más conveniente. Un país como el nuestro, que reclama una renovación ética, no puede apoyarse en quienes ven en las leyes solo letras muertas.