Contrario a lo que algunos implicados en el caso ‘Los Operadores de la Reconstrucción”, pretenden hacer creer minimizando sus graves imputaciones, estamos ante un escándalo de corrupción de grandes dimensiones, que salpica a las altas esferas del anterior Gobierno. Es la primera vez que el accionar mafioso de la red criminal presuntamente liderada por el maestro chotano, compromete al otrora todopoderoso premier, Aníbal Torres, y al propio expresidente Pedro Castillo. 

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El expresidente del Consejo de Ministros es acusado por uno de los exintegrantes del Gabinete en la Sombra de solicitar la captación de fondos para apoyar al exmandatario en su “problemas legales”.

Si los piuranos veíamos lejanos los casos de corrupción como las obras de saneamiento paralizadas en Cajamarca, esta vez los tentáculos de lo que la Fiscalía llama Organización Criminal en el poder, llegaron a Piura a la caza de autoridades que quieran coludirse para direccionar obras financiadas con dinero de la reconstrucción, ello a cambio de sobornos.

Uno de los que habrían aceptado confabularse sería precisamente el exalcalde de La Unión, Fernando Ipanaqué, quien ahora es investigado por presunto desbalance patrimonial. De acuerdo a las investigaciones, desde que asumió la alcaldía, la exautoridad municipal habría adquirido 23 embarcaciones además habría puesto capital en diversas empresas.

¿El exalcalde unionense, el exalcalde de Sícchez, los funcionarios ediles detenidos y los empresarios beneficiados con las obras, son los únicos que incurrieron en este esquema de corrupción? Está por verse.

Todo indica que en los próximos días y semanas, este escándalo es de lo que más se hablará en Piura e incluso en el país. Mientras se sigue destapando la repartija de sobornos, El Niño está cada vez más cerca ¿qué va a pasar con las obras de reconstrucción que no pueden esperar? No olvidemos que el consorcio Solim, ganador de la obra de ampliación del canala Chutuque que -nos han prometido- llevará las aguas del río al mar, ha presentado información inexacta, según Contraloría. Los piuranos merecemos que a la brevedad posible el Gobierno nos demuestre técnicamente que esta empresa no causará más daño a Piura, como lo han hecho las constructoras implicadas en la repartija corrupta de obras y coimas en La Unión.