Y después del anuncio desde Nueva York de la declaratoria de emergencia en Sullana, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres por parte de la presidenta Boluarte; luego de las fotos de los policías pidiendo documentos en los buses y del premier posando delante de un pelotón de soldados, ¿qué viene? ¿Con discursos retóricos acerca de las “próximas medidas radicales”, ya se solucionará la inseguriodad ciudadana?
¿Se acabarán los crímenes diarios en Sullana y en la región por el simple hecho de sacar a los soldados a las calles? En fin, luego del pomposo anuncio de la declaratoria de emergencia lanzado desde el país del FBI, la gente que a diario ve irse su tranquilidad junto con su sueldo en la billetera o celular que le arranchan en la calle, ¿creerá en el discurso de que el Gobierno ahora sí protegerá a los ciudadanos y hasta bajará la sensación de inseguridad?
PUEDES LEER ? Refinería de Talara: incendio es controlado en las nuevas instalaciones
La respuesta de las calles desde el primer día de la emergencia, ha sido un rotundo no. Para empezar, después de la frustración del pasado mes de marzo por la declaratoria de emergencia sin presupuesto, cuyo único efecto fue profundizar el abandono de la población frente al ciclón Yaku y El Niño Costero, a los piuranos les resulta muy difícil volver a confiar en este tipo de medidas.
Lamentablemente, en el cuarto día de la medida, salvo las reiterativas palabras vacías del premier o de la presidenta sobre lo que se logrará -poco se habla de lo logrado- militarizando las calles y suspendiendo derechos básicos; no se ven medidas concretas orientadas a dar solución a los verdaderos problemas desencadenan la inseguridad.
Los operativos masivos se siguen haciendo sin haber solucionado el déficit de personal, sin que se haya comprado un solo patrullero adicional ni habiendo destinado presupuesto para comprar tecnología que dé eficiencia y agilidad al trabajo de las comisarías o divisiones de investigación criminal.
Aún si se superara estos obstáculos, no se ha incrementado la cantidad de fiscales, no se ha modificado el Código Penal que ata de manos a la Policía y, si se incrementaran las capturas de sicarios y extorsionadores, no se ha previsto cómo procesarlos con rapidez en el Poder Judicial, tampoco se ha construido penales, los disponibles están saturados. ¿Realmente esperan que funcione una declaratoria de emergencia sin un plan con metas y objetivos?
