Que el actual personal del Ministerio de Salud adopte una actitud complaciente y ciertamente pasiva ante los casos de deterioro de vacunas, hasta ahora el arma más eficaz que está permitiendo contener la epidemia,  no significa que no haya funcionarios responsables que tengan que responder ante la Justicia.

El manto de impunidad tras el cual se siguen ocultando, por ejemplo, los culpables del deterioro de 8,580 dosis de AstraZeneca en las Direcciones Regionales de Salud de San Martín, Tacna y Madre de Dios, amerita una explicación del ministro de Salud, quien debe informar por qué no se hizo nada para evitarlo, aún habiendo sido advertidos del riesgo a través de 13 informes por parte de Contraloría.

Por ejemplo, en diciembre de 2021 esta última entidad alertó al Ministerio de Salud que el 28 de febrero de 2022 iban a vencer 1. 366 370 dosis de estas vacunas en los almacenes del Cenares. ¿Por qué no se adoptó medidas correctivas inmediatas como recomendaba el ente de control?   

Más indignante  aún, no hay una actitud de enmienda. Por ineficiencia de los funcionarios o negligencia supina, se persiste en el error. Esto se deduce de la reciente alerta hecha el jueves por Contraloría General. Nuevamente la entidad expresa su temor ante el riesgo de vencimiento de un millón 40 mil dosis de la vacuna pediátrica  de Pfizer, de las cuales ya se advirtió oportunamente al Minsa. En las próximas horas se sabrá si se logró usar estas dosis que vencen hoy 30 de abril, pero si -como se teme- se permitió una nueva pérdida,  afectando los recursos del Estado y la vida de los  niños; los funcionarios responsables políticos y los funcionarios directamente involucrados no deberán seguir ni un minuto más en sus cargos. Esto es gravísimo, están jugando con la salud y la vida de los más vulnerables y tendrá que responder por sus actos.

El perjuicio ocasionado es económico para el Estado, pero el mayor daño es a la población por que  se desacelera aún más el proceso de vacunación con el consiguiente riesgo de una cuarta ola. Es un crimen que la tarea casi imposible de lograr realizada por anteriores funcionarios para conseguir vacunas, ahora sea tirada por la borda el perderse miles de dosis, cuando -solo en el caso de los niños- falta inmunizar a casi 700 Mill.