Es decepcionante que, a pesar de los reclamos y la realidad que a diario sacude a los piuranos, el Ministerio del Interior adopte una actitud indolente y le niegue recursos a esta región para enfrentar al crimen.

¿A dónde irán los 24 millones de soles que el Gobierno ha prometido para mejorar la seguridad ciudadana? ¿A Junín? ¿A Chota? ¿Por qué no a Piura?

Más allá de los sospechados favoritismos de quienes manejan las cuentas del Estado, es posible pensar que parte de la culpa -sí, la culpa- de tan insensata decisión tiene que ver con la campaña contra la seguridad montada paradójicamente por la propia Policía Nacional, cuyos jerarcas invierten sus energías en dibujar a la ciudadanía una imagen falsa de la región, un escenario en el que los crímenes son asuntos de la periferia, de los márgenes, de los ciudadanos “de segunda”; si hay muertos, ocurren allí a donde los cronistas de la televisión, el periodismo y la justicia no llegan.

Más que querernos mostrar una realidad de orden y calma en las calles, la Policía parece empeñada en meter la basurita bajo la alfombra, barrer por donde pasa el compadre, disimular. Pero los ciudadanos estamos cansados de disimular y necesitamos una institución policial que defienda los intereses de la región, que defienda el derecho a trabajar, a progresar y a vivir en paz, al amparo de la ley.

Es evidente, sin embargo, que la Policía no es la única responsable de esta situación: en esta, como en otras ocasiones, los uniformados solo repiten el discurso convenientemente elaborado por el Mininter.

¿Cómo podríamos exigir mayor compromiso a una institución desmoralizada y cuya mayor fuerza reactiva en Piura se reduce a 250 patrulleros inservibles? ¿Cómo podríamos pretender que nuestros policías sean héroes en una época en que el heroísmo es una moneda devaluada?

La política general de seguridad ciudadana no depende únicamente del general de la Macrorregión ni del suboficial que patrulla en una esquina a expensas de su propia vida; depende del Ministerio del Interior cuyo titular, hasta el momento, no ha mostrado los méritos por los que figura en la cúspide burocrática.

¿Cómo es posible que una persona como Alfonso Chávarry, que es el primer negacionista de la inseguridad y que descree que a nivel nacional, todos los días, son robados más de 4 mil celulares, siga en el cargo? Inaudito.

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