La delincuencia es un fenómeno bastante amplio y transversal. Quienes creen que la delincuencia, el hampa, se encuentra solo en los callejones mal iluminados, en las aglomeraciones populares, en los asentamientos humanos y las invasiones, no solo pecan de clasismo, sino que obvian el hecho de que la delincuencia es en el fondo un arma para sembrar el caos y debilitar a las instituciones llevándolas a estériles debates sobre los derechos, cuando se requieren acciones concretas. 

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Así pues, la delincuencia no está esencialmente ligada a la pobreza, sino que es un asunto moral e ideológico mucho más diverso. Incluso se podría afirmar que, al revés de quienes ven en la pobreza o la necesidad el ingrediente esencial del accionar delictivo, se trata de una cuestión de oportunidad, una tendencia a la satisfacción fácil que puede ser combatida si se complica la obtención de gratificación para el ladrón o el homicida. Por supuesto, habrá quienes, incluso desde la academia, se opongan al orden. Motivos tienen. 

Parte de la solución consiste en elevar el precio o costo de la criminalidad. Una legislación antidelictiva demasiado blanda, demasiado edulcorada y afectada por mil consideraciones de mero orden político, solo conduce a facilitar las actividades criminales y a debilitar el principio de autoridad. Los tiempos modernos se caracterizan por la hegemonía de un relativismo que matiza la maldad y, a punta de explicarla y/o justificarla, termina convirtiéndola en bondad. Una versión horrible, paupérrima e interesada de la inversión de los valores, una falsificación plástica de las más consumadas audacias filosóficas, pervertidas por un contingente de desadaptados secundados por “pensadores”, “políticos” e “ideólogos” que pretenden beneficiarse del caos, conducirnos a él para levantar las banderas del autoritarismo como solución y acabar con la democracia, consumando así toda una estrategia criminal puesta en práctica desde las periferias, un aggiornamento del sombrío mantra “del campo a la ciudad”. 

Elevar el costo del crimen esto es, endurecer la legislación, limitar las garantías a los delincuentes probados, devolver sus plenas facultades a la PNP y barrer con los rezagos del garantismo que convierte al malandro en víctima es un necesario y urgente dique contra el desgobierno, una muralla para proteger la democracia.