Tal como señalan diversos analistas, entre ellos el excongresista Richard Arce, el país está en peligro y lo seguirá estando mientras tengamos como presidente del Congreso a alguien como Alejandro Soto, probadamente desacreditado para ostentar tan alto cargo público de representación.
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Utilizar su cargo de congresista para lograr que se apruebe una Ley con nombre propio, sobre la prescripción, para así salir impune de las evidencias y denuncias por estafa, rebasa el sentido común y atenta contra los valores en que se cimienta nuestra República y la democracia.
Por si no fuera suficiente, el señor Soto no solo usó la ley a su medidad para salir bien librado de un proceso que podía terminar con una sentencia de 8 años en prisión en su contra, además mintió en su hoja de vida para postular al Congreso.
Como es evidente, el problema no acaba allí. La expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, asegura que la Ley Soto -31751-, que modifica el plazo de la prescripción de delitos a un año, abre la puerta a una impunidad “masiva”. Es más, una diversidad de procesos judiciales ya han empezado a cerrarse.
Y la complicidad en el Parlamento es de vergüenza. Quienes lo eligieron no pueden decir que desconocían los antecedentes del congresista Soto. Su silencio descarado y el que hasta ahora no hayan planteado ninguna moción de censura-, demuestra que no fue puesto allí por obra del destino. Lo pusieron aún sabiendo de su perfil manchado porque lo que menos les importa es el país.
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Los efectos del caso Soto y del clima de incertidumbre política en general que propicia este Congreso en la economía, no se han hecho esperar. La agencia Fitch Ratings acaba de advertir claramente que la calificación crediticia del Perú corre riesgo de seguir bajando, y la principal causa es la incertidumbre política, la misma que este año ha sido más elevada que en el 2022.
Frente a este panorama, lo que le toca hacer a la presidenta Boluarte es cumplir los compromisos asumidos en el mensaje del 28, e incentivar el crecimiento económico. ¿Como? Dando celeridad y eficiencia a las obras públicas e incentivando más agresivamente la inversión privada.
