Si bien la migración -el desplazamiento geográfico de personas o grupos, generalmente por causas económicas o sociales- no es un delito en sí, si se realiza de manera descontrolada, puede generar una serie de problemas como la imparable inseguridad que actualmente afectan a la región, sin que las autoridades reaccionen.

Es de público conocimiento el aporte de miles de extranjeros, principalmente venezolanos que se han asimilado a la actividad laboral en diversas ciudades del país, con excelentes resultados, un gran ejemplo de ello son los profesionales de la salud que antes, durante y después de la pandemia han contribuido a hacer más accesibles los servicios de atención médica y tratamiento a diversas enfermedades.

Aún no hay estudios que midan cuánto aportan los migrantes a la reactivación de la economía regional, pero es inegable que su presencia, sumada a la fuerza laboral local, está siendo de gran ayuda para levantar sectores muy golpeados durante la pandemia, como gastronomía, belleza, comercio, servicio delivery, entre otros.

El gran papel de estos pocos extranjeros, laboriosos, eficientes y trabajadores, no borra -sin embargo- el gravísimo daño que le está causando al país y en concreto a la región Piura, la llegada de delincuentes extranjeros, asaltantes, sicarios, extorsionadores, timadores, traficantes de droga, etc. quienes han desatado una ola imparable de inseguridad.

A ellos se suman los ilegales que, aprovechando la permeabilidad de la frontera norte , ingresan masivamente multiplicando viejos problemas piuranos como el comercio informal, la prostitución clandestina, invasión de espacios públicos, mendicidad, trata de personas, explotación infantil, entre otros.

Pese a la complejidad de una problemática que asocia muchas otras, el Ejecutivo, los congresistas piuranos, la gran mayoría de alcaldes, subprefectos y el gobenador regional, simplemente se hacen de la vista gorda y su inacción alienta el accionar delictivo.

El alcalde de Piura, quien afortunadamente se ha comprado el pleito, ha propuesto una reunión urgente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana. Sería bueno que sus integrantes por fin reaccionen y asistan llevando soluciones viables y medibles. De lo contrario el problema podría volverse incontrolable.

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