El Tiempo ha recopilado información del Banco Central de Reserva y de diversas fuentes expertas acerca de los daños económicos ocasionados por las protestas ocurridas en los ocho meses de gestión de Pedro Castillo.

El dato es contundente y aterrador para una economía que apenas asoma la frente entre los escombros de la crisis mundial, de la pandemia y la guerra en Europa que amenaza con arrastrarnos a todos: 12.808 millones de soles han costado al país la impericia del Ejecutivo y la incapacidad de poner en marcha un plan nacional que concilie a esas dos mitades del país enfrentadas por la suspicacia y el fanatismo.

Pero cómo habría podido Pedro Castillo dirigir una política de amplio consenso si en menos de un año ha entregado las riendas de los principales sectores del país a personajes incapaces o que coquetean peligrosamente con la amoralidad o el extremismo, gente de ideas caducas para quienes la mejor política es “destruir para construir”: Maraví, Condori, Béjar, Bellido, Torres (hoy premier), Boluarte, Zea, Gavidia, Salas, Chávarry, Yldefonso, etc.

¿Con esos nombres, con esos cuadros, se pretendía refundar al país? El tozudo intento de desmontar uno de los experimentos sociales más interesantes y productivos de los últimos treinta años, la Constitución de 1993, ha traído como consecuencia que el diálogo haya sido reemplazado por la prepotencia de unos y otros, por los cuatro fallecidos que han dejado los 208 conflictos que la Defensoría del Pueblo ha detectado en menos de un año de gestión.

¿Qué nos toca hacer? Podemos culpar de todos los males a los reaccionarios que perdieron las elecciones, al Congreso obstaculizador y a cuantos fantasmas invente el Ejecutivo para salvar su poca credibilidad.

También podríamos asumir nuestra responsabilidad ciudadana y sumarnos a los intentos por restablecer el orden que esta gestión ha traicionado. ¿Esta es una llamada al golpismo? Creemos que no; que, por el contrario, es una invocación a la conciencia y al diálogo nacional como verdadera alternativa. Ni siquiera la salida de Castillo -que para muchos es fundamental- garantiza que la calma y la confianza vuelvan, y la inversión se reactive y el país comience a andar por la senda del equilibrio y la seguridad jurídica. No inflemos nuestra deuda ciudadana.