Ocurrió lo que temíamos. Que Castilla, el distrito con la más alta tasa de infectados, se quede sin agua en plena pandemia, sin previo aviso,
haciendo a la población aún más vulnerable debido al estado de emergencia y riesgo de contagio.

Hasta el cierre de esta edición, se esperaba un paulatino restablecimiento del servicio, tal como lo ofreció la EPS Grau, aunque la sola reparación de las fallas en el pozo El Cortijo no es suficiente en esta circunstancias.

Si bien es justo reconocer su rápida respuesta para dar solución al imprevisto (en comparación al corte de enero), lo que la población necesita -mucho más ahora que sufre la amenaza del coronavirus- no son parches o soluciones temporales para salir del paso: urge que se le garantice el agua de calidad las 24 horas del día y todos los días, especialmente, en lo que resta del estado de emergencia.

Ya existen demasiados puntos de riesgo de contagio en la ciudad y en la región, como para obligar a las familias a exponerse aún más formando colas por el agua. ¿Cuántos se contagiaron en los dos últimos días, al verse obligados a salir a recibir el líquido de las cisternas?

Lo ocurrido en Castilla debe ser visto como una clarinada de alerta sobre las graves consecuencias que podrían derivarse si vuelven a ocurrir más restricciones, o cortes como este en las actuales circunstancias.

Asegurar la dotación en los meses de emergencia sanitaria que nos quedan es un imperativo no solo para asegurar las medidas de higiene y prevenir la propagación del COVID-19, sino también para evitar los riesgos habituales de los piuranos cada vez que se ven obligados a almacenar agua: contraer el dengue, zika o chikugunya.

No solo eso, las malas condiciones de almacenamiento de agua por cortes o restricciones podría conllevar también la proliferación de diarreas, arbovirosis y hepatitis A, así como la transmisión de gérmenes asociados al síndrome de Guillain Barré, entre otros males.

Antes que ocurran nuevas suspensiones del servicio, es deber de la empresa informar a la población si cuenta con un plan de emergencia y si no fuera así, pedir apoyo al Ejecutivo y al Gobierno Regional de ser necesario, con tal de asegurar la continuidad del servicio. Lo que no puede pasar es que se vuelva a poner en riesgo a la población al obligarla a nuevas aglomeraciones con un balde en la mano.