Cuando los municipios piden administrar sus obras y fondos, una sensación de desconfianza cruza por nuestros pechos y pone en alerta nuestros cerebros. Para los creyentes en los beneficios de la administración estatal descentralizada directa, la entrega de obras de reconstrucción a los municipios será una noticia esperanzadora, pues se espera por cualquier modo que haya obras de protección en Piura, siquiera un muro o la mitad de un dique.
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No obstante, la experiencia es que los municipios ya tuvieron anteriormente su oportunidad de demostrar eficiencia y no pasó nada. En la pasada gestión edil piurana, lo más notables fueron las pistas que hoy son una vergüenza y una muestra de despilfarro. Tras El Niño de 2017, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) también encargó la rehabilitación de colegios a las municipalidades, como fue el caso de la institución educativa César Vallejo, de Veintiséis de Octubre. Pasados los 180 días calendario del contrato, y en vista de que la obra no estaba terminada, los padres de familia, con el director a la cabeza, emprendieron un reclamo que terminó luego de un mea culpa y una promesa de pronta culminación de la obra por parte del alcalde de turno. “Contrataremos 50 obreros para terminar rápido”, dijo la autoridad entonces. ¿Es decir, que sin protesta no había apuro? En lo que va de la actual gestión, destaca como gran pendiente el colegio Victor Rosales, sobre el que la MPP dice que los trabajos debía hacerlos la ARCC y la comuna sólo supervisaría la ejecución, pero la ARCC alega que en su momento le entregó los recursos al Gobierno local.
La eficiencia que quiere decir, también, la ausencia de excusas no está en entredicho, pero no se puede confiar a ciegas en la administración municipal sin que nos asalten dudas. Por otro lado, aunque duela decirlo y seguramente más leerlo las instituciones públicas tienen un serio problema de falta de honradez y corrupción: según el Índice de Corrupción e Inconducta Funcional 2022, publicado por la Contraloría General de la República, la Municipalidad Provincial de Piura tiene 70% de inconducta funcional y 76% de corrupción, Sullana tiene 68% de corrupción, Talara tiene 43,9%, etc. (mucho menos si se lo pone al lado del 92% que “ostenta” el Gobierno Regional). Entonces, ¿nos arriesgamos?
