Conforme ha ido avanzando el periodo de cuarentena, ahora focalizada, se ha ido convirtiendo en una muy mala costumbre que el Estado reaccione con alarmantes pies de plomo a pesar de la urgencia con que exigían hacerlo algunas de las muchas situaciones de riesgo propias de la pandemia.

En Piura, por ejemplo, la aplicación de la estrategia Te Cuido Perú, consistente en tomar pruebas rápidas en mercados por ser en su momento altos focos de contagio, recién empezó el 19 de mayo, más de un mes después de haberse emitido el respectivo Decreto Supremo.

Se esperó que los comerciantes, muchos de ellos asintomáticos, contagien a una innumerable cantidad de clientes para recién más de cuatro semanas después de emitida la norma y de testear a miles de comerciantes limeños, se inicie el tamizaje en los centros de abasto piuranos, con los alarmantes resultados ya conocidos.

Si el inicio de la nueva convivencia implica de por sí nuevos riesgos debido al regreso de la mayoría de piuranos a las calles y centros de trabajo, cuando el virus aún no se ha ido; es el transporte urbano el que ya encendió las alarmas en todo el país y particularmente en Piura.

Primero porque muchos de los más de 18 mil desempleados de nuestra región, pasaron a engrozar las filas de transportistas informales (taxistas, motociclistas y mototaxistas principalmente). Estos nuevos transportistas, sumados a los varios miles de piratas que ya eran un problema antes de la pandemia, circulan hoy en las calles, muchos de ellos llevando el virus al no tomar las medidas básicas de bioseguridad; segundo porque la Municipalidad de Piura sigue atada de manos para combatirlos, no tiene el personal mínimo para hacerlo, tampoco para hacer que los formales cumplan los protocolos.

El otro factor de riesgo es que, al menos hasta la hora de cierre de esta edición, el Ejecutivo seguía retrasando la emisión del tan promocionado decreto supremo sobre el otorgamienmto de un subsidio de 117 millones, para 50 mil unidades de empresas formales, incluidas las piuranas.

Otro decreto retrasado es el que regula el transporte interprovincial, así como entre las provincias y distritos de la región: los informales llevan varios días llevando pasajeros con tarifas elevadas y dando “de yapa” el COVID-19, todo mientras las empresas formales esperan.