Sin embargo, esto no será un efecto automático de un cambio de perspectiva, sino el resultado de una acción conjunta.

En otras palabras, la ciudadanía debe participar desde su posición en esta lucha. 

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Hace unos días, en un editorial anterior, informamos que un estudio aplicado en Piura en el 2015 daba a conocer los motivos por los que la población suele impedir el trabajo del personal de salud que visita las viviendas: desconfianza en el abate o los métodos utilizados para la contención del Aedes aegypti, desconfianza en las brigadas de salud, horarios inadecuados de visitas, así como rechazo al sabor y calidad del agua abatizada.

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Del 2015 hasta ahora la situación casi no ha cambiado y esto se debe a que existe una idea errada de que el vecino sí o sí debe contribuir con las medidas sanitarias, sin que las instituciones o el Estado hayan intentado crear un vínculo de confianza previo.

Quienes ven en la punición la única salida a todos los problemas, intentan aprehender todo el paisaje con un ojo y tapándose el otro.

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Una ciudadanía engañada durante décadas -puede leerse “siglos”- necesita que la política sea replanteada con información exhaustiva. 

Lo dicho anteriormente no hace menos cierto que las autoridades tienen la prerrogativa legítima de sancionar a todo aquel que atente contra la seguridad y la salud públicas.

Es un deber del Estado no solo promocionar la salud, sino también resguardarla usando los mecanismos que la ley dispone, como las multas, las sanciones, las denuncias ante los órganos competentes, etcétera.

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Lo que queremos decir -y pretendemos que se haga- es que la sola represión es una práctica reñida con los valores democráticos si no se acompaña de educación, de persuasión y convencimiento.

Aunque probablemente muchos piensen que la ley es la ley y que es un “sobrecosto moral” tener que promocionar su cumplimiento, como si se pidiera licencia a la sociedad para aplicar las normas, en la práctica los resultados son mucho mejores si antes que el diálogo precede al garrote.

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En Lambayeque, por ejemplo, la renuencia a aceptar a los fumigadores bajó un 10% gracias al perifoneo y las campañas educativas, según datos de la Dirección de Salud Ambiental. Aquí lo haríamos mejor.