El relativo respiro dado por el virus al país debido a ligera disminución de fallecimientos por COVID-19, es una oportunidad para encauzar mejor el rumbo del país ante el difícil panorama económico que nos espera en lo que resta del año y ante el electoral y austero 2021 que se asoma, caracterizado por recortes en la mayoría de sectores, así como en los presupuestos de los gobiernos municipales.

Como era de esperarse, el Presupuesto Inicial de Apertura presentado recientemente por el Ejecutivo ante el Congreso para el año fiscal 2021, es austero y de crisis.

Un 26% de este se financiará mediante endeudamiento externo, elevando la deuda peruana al 38% del PBI.

Si bien se anuncia un incremento de 3% respecto al 2019 -priorizando Salud y Educación con aumentos de 13% y 4%, respectivamente-, estamos ante uno de los incrementos más bajos de los últimos años.

Se espera mayores índices de austeridad en seguridad (-4%), vivienda y desarrollo urbano (-20%).

Es decir, las mejoras que se proyectaban para la Policía y los servicios de saneamiento tendrán que esperar.

Preocupa un evidente intento del Ejecutivo de recen-tralizar el gasto, dada la disminución del financiamiento de las Municipalidades creciendo los presupuestos del Gobierno Central y en menor procentaje los de los Gobiernos Regionales.

Antes de hacer frente a un año de visicitudes económicas y más ajuste de cinturones, los piuranos, lambayecanos y norteños en general, debemos afrontar los efectos de una innegable disminución del agua en los valles agrícolas, situación que ya empieza a manifestarse.

Desde hace buen tiempo la represa de San Lorenzo pierde agua por filtraciones y no recibe aportes por falta de lluvias, consecuentemente dejarán de irrigarse más de 2 millones de hectáreas de mango, limón y arroz; mientras que la de Poechos tiene un déficit de 45 millones de MMC y también allí es inevitable racionalizar el uso del recurso.

El difícil momento obliga a las autoridades encargadas de la administración del agua a evaluar técnicamente la aplicación de medidas que garanticen la disponibilidad de agua de uso agrícola, pero sin dejar de priorizar a la vez la destinada al consumo de la población.