También la transparencia es salud. Si el sistema de salud piurano no sincera las cifras de infectados y fallecidos por el COVID-19, la incertidumbre lleva a conductas indeseadas.

Las autoridades se hacen respetar no solo por la fuerza, por la imposición ni por el miedo, sino por la apertura y la convocatoria.

Extraña que en Piura, precisamente, la ciudadanía no sea convocada a participar informando adecuadamente sobre la expansión del coronavirus. Hasta la fecha, en la región seguimos teniendo 21 pacientes infectados. Obviamente, esta cifra no es realista si tomamos en cuenta el alto porcentaje de desobediencia de algunos sectores de la ciudadanía. ¿Qué pasa con los reactivos para Piura? ¿Qué pasa con la salud del norte del Perú?

Sin cuestionar las motivaciones de fondo para que el Ejecutivo haya restringido más los horarios de movilidad, los piuranos merecemos saber cuál es la situación de nuestra región. El trato del Gobierno para con nosotros no solo puede ser represivo, aleccionador, sino también informativo.

También es necesario revisar las cuentas de la crisis: el apoyo al Gobierno de Vizcarra y sus acciones no puede ser un cheque en blanco firmado por los medios, sino que estos deben continuar con su labor de vigilancia.

Es tiempo de revisar si la distribución de fondos se está haciendo adecuadamente. ¿Qué requiere Piura? Camas, especialistas, mascarillas, implementos para el personal de salud, reactivos, etc. Es necesario llamar la atención sobre las carencias en nuestra región para así poder fortalecer la lucha contra este virus que ha causado miles de muertos en todo el globo.

En el escenario posterior a esta crisis, debemos fortalecer e insistir en la transparencia del sistema de salud. Nos debe hallar como una ciudadanía más responsable y con leyes más drásticas para aquellos que insistan en exponer a los demás a cualquier peligro público. Estos días son claves para comenzar esta reingeniería del sistema de salud.

La crisis del coronavirus es un campo de ensayo para introducir mejoras que deberían convertirse en políticas que resguarden la integridad y moralidad del servicio médico, así como la legitimidad de las medidas ordenadas por el Estado.