Es desesperante ver el indolente descuido con que nuestras autoridades ven consumirse los días y los meses sin que se haga algo ante la proximidad del Niño Costero. El impacto, cabe repetirlo, no solo es infraestructural lo más visible, sino también económico, social y psicológico. A pesar de que el Niño afecta a todas las variables humanas, para las autoridades locales basta con decir “ya hice las fichas” o “ahorita las entregamos, pero que nos den la plata”.

A raíz del último decreto del Ejecutivo, que declara en emergencia a los distritos de 18 regiones de todo el país, se ha desatado un debate acerca de si estamos ante una declaratoria mentirosa, pues no se asignan recursos adicionales a las instituciones públicas, sino que se les pide gastar de donde ya tienen para después saldar cuentas. Algo así como “préstame dos soles y te los yapeo o plineo, usted escoja la app al rato”. Los alcaldes y gobernadores regionales, por supuesto, se han mostrado contrariados por esta decisión, ya que esperaban que con una declaratoria de emergencia les inflen las arcas hasta el límite. Antes de acusar al Gobierno de actuar bajo la consigna de traicionar a los alcaldes y titulares de los GORE, preguntémonos cuál es el récord de inversión de las municipalidades y regiones.

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Hace solo un par de semanas, la congresista Heidy Juárez sostuvo que el GORE Piura apenas rozaba el 30% de inversión en cuestión de salud. ¿Cómo vamos en infraestructura o defensas ribereñas? En marzo de este año, la Cámara de Comercio de Piura advertía que los retrasos en la ejecución de obras equivalían a 10 mil millones de soles. La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) señala en un informe que el 2022 fue el año más productivo para las gestiones locales con un 78% de ejecución de obras. El frenazo vino después y desde entonces no hemos conseguido que el carro de la gobernabilidad y la prevención haya vuelto a arrancar.

Ahora solo vemos a nuestras autoridades estirar la mano en vez de ir a Lima a pelear por los presupuestos, como hacían los alcaldes en años anteriores, carentes de los medios de comunicación inmediata que hoy tenemos pero que solo sirven para el ocio y otros vicios, nunca para hacer gestión.

El Ejecutivo debe entregar recursos a los municipios, y éstos deben exigir lo que por justicia nos toca.