La exoneración del IGV no ha ocasionado el efecto esperado en los precios de los productos de primera necesidad y, por el contrario, el arroz, el pollo y el aceite siguen siendo artículos de lujo para muchas familias. Por si el escenario no fuera lo suficientemente complicado, la FAO advierte una crisis alimentaria que podría tocar a más de 15 millones de peruanos, casi la mitad del país. ¿Qué podemos hacer?

Los economistas -cuya profesión ha tenido un rol protagónico en los últimos meses, tratando de explicar la crisis y ofreciendo salidas que, lamentablemente, no siempre son escuchadas- sugieren que debemos replantearnos las prioridades: en vez de comprar una cajetilla de cigarros, compre una docena de huevos; en vez de freír, sancoche; en lugar de una salida de viernes, destine el dinero a su compra semanal o quincenal en el mercado.

Ciertamente, los consejos son útiles, pero no son sostenibles a largo plazo porque los precios no conocen aún el tope y la situación que permitiría cierta estabilidad en el mercado nacional e internacional no mejora. No podemos controlar lo que ocurre en Europa -solo la India ha decidido no vender trigo para privilegiar el consumo interno-, pero sí podemos reclamar mayor seriedad de parte de nuestras autoridades para evitar que la situación se desborde.

Por ejemplo, un gobierno legítimo y que no vive de la confrontación diaria podría auspiciar la coordinación de la economía. Sí, una palabra que para los académicos y los liberales ortodoxos suena a lisura, pero que en el mundo real no es más que una estrategia anticrisis: ¿podría buscarse cierto grado de coordinación entre los industriales y los empresarios para aliviar el peso de la crisis en los hombros de las familias, con el Estado participando en calidad de observador o garante de la equidad? Creemos que sí.

Así como las maniobras de concertación de precios y similares puestas en evidencias por los organismos de control, también podría aplicarse una estrategia parecida solo para este tiempo que es excepcional en todo sentido. ¿Que la coordinación o concertación es ilegal o inconstitucional? Las leyes están sujetas a interpretación; de todas maneras, no se pretende conducir al país al sueño dorado de Cerrón de una economía estatista y centralizada, sino apelar a la flexibilidad del propio mercado.

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