Al gobierno de Martín Vizcarra le preocupa la desobediencia ciudadana; el reparto de bonos y los tiros fratricidas del Congreso con sus leyes populistas.
Muchos peruanos, mientras tanto, hacen lo imposible por mantenerse fuera de la línea de ataque del COVID-19; conseguir medicamentos y sobrevivir a la crisis económica.
Así han pasado semanas y meses, pero pocos se han acordado de un sector de la población que está pagando un precio muy alto con esta pandemia: los niños y los mayores. Para ambos su libertad se ha limitado al dormitorio y el televisor. Están prohibidos de salir a la calle. Los niños se han quedado sin colegio y a los ancianos sin el parque o las visitas a amigos y parientes. Ni siquiera pueden ir a un hospital para atender sus dolencias crónicas.
Más allá de nuestros propios problemas para sobrevivir, esta situación de desigualdad, según los psicólogos, se ha convertido en una peligrosa carga emocional para las familias y en especial para los propios niños y ancianos en situación de “arresto domiciliario”. Minsa atendió, entre mayo y junio, más de 70 mil consultas relacionadas con la salud mental. Datos que no deben pasar desapercibidos.
