En los periódicos de los últimos días, se puede leer que ya se están instalando en las viviendas las conexiones para el uso del gas natural, directamente y sin necesidad de compra de balones y por supuesto a precios que son alrededor de la mitad de los que usamos normalmente.
Se ha comenzado en Tortugas, Piura y Sullana. Después de tres años que se hizo la licitación correspondiente, se pudo dar inicio a la construcción y el inicio de una nueva etapa para las amas de casa.
Es interesante analizar la causa y los efectos que trajo, el que una compañía que tenía la concesión de hacer este trabajo hace más de veinte años, no había podido ni siquiera reemplazar lo que en Talara y en las ciudades petroleras tenían, hace ya más de 80 años.
Concesión que ya había sido anulada, por no a haber cumplido con lo contratado. Sin embargo, en cuanto se entregó los trabajos a una nueva empresa, iniciaron un reclamo y como siempre, el poder legislativo intervino y paralizó los trabajos durante tres años.
Yo pregunto ¿Quién pagará los daños que este accionar ha causado? Es indudable que en este tiempo los costos han subido, los gastos generales han incrementado y los clientes han dejado de percibir los beneficios durante esta misma época, con los mayores gastos correspondientes.
Lo lógico hubiera sido que se iniciaron los trabajos inmediatamente, sin quitarle al antiguo contratista, la libertad de iniciar los reclamos legales que creyera conveniente. Este sistema es usado en Piura, por la mayoría de los contratistas, que inician acciones legales, cuando por la razón del incumplimiento, les son resueltos sus contratos.
Las autoridades no toman casi nunca decisiones, no hacen efectivas las cartas fianza y se inician largos litigios, que demoran y en algunos casos, hace que no se terminen obras necesarias, que tuvieron en su momento los fondos necesarios y que gracias a estos manejos se pierde el tiempo y el dinero, siendo el Estado y los beneficiaros los paganos.