Quienes rodean y conforman el actual gobierno de Pedro Castillo, son torpes y hasta parece que han perdido la vergüenza, pues aprobar un proyecto de ley para penalizar la difusión de información reservada a las investigaciones penales no es otra cosa que intimidar con la cárcel a los periodistas que intentan destapar la corrupción que casi siempre, en el Perú, rodea al poder.
La intención es clara. Se trata de una ley mordaza, típica de gobiernos autoritarios, cuya intención es evitar –bajo amenaza-, que se filtre información sobre actos de corrupción como ocurre hoy, y así ganar tiempo para “arreglar” con la siempre “diligente” justicia peruana. Hoy con la presión de la prensa, los temas se ventilan en la esfera pública y sirven como método de presión para desbaratar organizaciones criminales como las que hoy se denuncian.
Es claro que el propio Castillo tiene mucho qué explicar a los peruanos sobre los depósitos millonarios en las cuenta de Zamir Villaverde quien en tres meses de su gobierno pasó de un movimiento de S/170 mil a un millón 750 mil según la UIF. Eso y mucho más intentan silenciar con la propuesta de la “ley mordaza”.
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