Por estos días de convulsión social, avivada por grupos políticos que tratan de poner contra las cuerdas al gobierno de Sagasti, los manifestantes han recurrido al perverso hábito de bloquear carreteras. Para los organizadores de las protestas, cuando más tiempo y más gente participa en un bloqueo, mucho mejor. Así se presiona y exigen las demandas.
Puede parecer justa la medida para algunos, pero no para todos.
Este tipo de acciones ilegales ante la ley no solo aísla y perjudica a ciudades con el desabastecimiento, sino que atenta contra el derecho de los demás a transitar libremente. Lo cuestionable es que genera pérdidas económicas a transportistas particulares y también a la población que nada tiene que ver con las revueltas, al impedirles cumplir con sus gestiones rutinarias de educación, de atención a la salud, compras, etc.
En estas acciones existen dos tipos de autores: los que organizan, pero no dan la cara; y los que ejecutan, ponen piedras y sus propios cuerpos como escudos humanos. No se deben olvidar que ambos tienen responsabilidad penal y son también responsables de las muertes y daños que ocasionan con su radical decisión.